No descubro nada si digo que EH Bildu está aprovechando la inhabilitación de Arnaldo Otegi para recuperar la primera fila del escaparate. No hay mejor noticia que una prohibición que se puede atribuir al Estado y que permite retomar un discurso básico que cuaja entre todos aquellos (y no son pocos) que se movilizan en cuanto alguien pronuncia la palabra libertad, no importa el contexto. Desde ese punto de vista, el de los movilizados, aquí no hay más caso que el de un hombre al que no se permite concurrir a unas elecciones y lo demás son excusas represivas.
A falta de conocer la resolución del caso, lo que parece seguro es que los votos de Bildu se multiplicarán en las elecciones vascas y otra vez nos será imposible distinguir el voto-protesta del voto-conciencia. Nada moviliza tanto a un votante descreído como la posibilidad de manifestarse contra el sistema en el que ha dejado de creer. Europa nos lo recuerda a cada paso, del Brexit a las elecciones españolas.
Lo que parece seguro es que los votos de Bildu se multiplicarán en las elecciones vascas y otra vez nos será imposible distinguir el voto-protesta del voto-conciencia.
Pero no quisiera desviarme de la cuestión. Y la cuestión, a mi juicio, no es si Otegi puede o no presentarse a lehendakari. Si aislamos el asunto como otros aíslan la palabra libertad, Otegi no puede ejercer como cargo público porque así lo ha dictado la ley y porque así se deriva de la condena que le fue impuesta. Sin embargo, el enfoque ha de ser más amplio y debe estar despejado de todo tipo de prejuicios, incluso de consideraciones éticas. Entiendo a quienes consideran repugnante que quien ha justificado a ETA y ha formado parte de la organización pueda ser el presidente de todos los vascos. Y comprendo, naturalmente, el desgarro de las víctimas del terrorismo ante esa posibilidad. Pero la paz incorporaba esta cláusula. La paz no hace desaparecer a quienes respaldan, con matices o sin ellos, las tesis de los abertzales. La paz impone la convivencia, la misma que quiso defender Arantza Quiroga. Ese era el precio.
Asumir lo anterior no significa que Otegi deba ser indultado, o que haya que cambiar la ley para acomodarse a sus quejas, ni rehabilita a los brigadistas nacionales de la estupidez o a los independentistas sin fronteras, tampoco a Pablo Iglesias. Asumir lo anterior sirve para aceptar que Otegi podrá presentarse algún día a las elecciones vascas, como hubiera podido concurrir a las próximas de no mediar condenas y consecuencias. Esto no es una polémica moral, porque ya no puede serlo y porque no avanzaríamos nunca. Es un problema administrativo.
